TERRITORIO INDÍGENA y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE

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TIPNIS: Diferentes Escenarios

"POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS VINCULADOS AL PROYECTO CAMINERO
VILLA TUNARI - SAN IGNACIO DE MOXOS"

Por Marco Octavio Rivera Arismendi

 
 

 

ESCENARIO ACTUAL


Caracterización general
Malo, existe una alta incertidumbre de que se tomen decisiones críticas, que aumenten el ya elevado nivel de riesgo socio ambiental.


Estado de conservación ecosistemas y paisajes
Elevada fragmentación y fuerte deterioro de la masa boscosa pedemontana y de la llanura aluvial próxima, por efecto de la colonización y el ingreso del camino Isinuta-río Ichoa. La línea roja acordada en varias oportunidad y bajo respaldo de un Decreto, fue constan-temente vulnerada. Buen estado de conservación entre río Ichoa y río Secure.

Cambio de uso del suelo - avance de fronteras agropecuarias Intenso en la zona entre los ríos Isiboro e Ichoa. Más de 50.000 has. de bosques primarios fuertemente impacta-dos en los últimos 30 años.


Procesos extractivos-presión sobre los recursos naturales
Extracción de madera y fauna en la zona de colonización. Expoliación por empresas del Bosque Chimanes (Fátima SRL) en la zona del Secure en los años 90.
Medios de vida-recursos (suelos, agua, madera, fauna) – seguridad alimentaria, dinámica y estructura de los sistemas productivos Las comunidades indígenas inmersas o muy cerca de la colonización, han experimen-tado severas pérdidas de acceso y disponibilidad a sus recursos tradicionales. Flujo de fauna entre subandino y llanura, en la zona Isinuta-Ichoa, se ha eliminado por el avance de la colonización.


Conflictos sociales

Un nuevo avance de la colonización a fines del 2009, generó la reacción indígena y un conflicto violento con varios heridos y un colono muerto.


Organización socio cultural pueblos indígenas
Profunda división de las subcentral indígena desde los años 90 por problemas relacionados a la madera. Se evidencia un proceso de desarticulación de las economías indígenas por el avasallamiento de la colonización.


Salud-salubridad ambiental

La región es un centro potencial de Pandemias tropicales. La malaria (Plasmodium vivax) es común, así como la Leishmaniasis y la oncocercosis. La fiebre amarilla, y el dengue son comunes, un brote de Hanta Virus apareció el año 2005 y el 2008 se reporto un nuevo virus hemorrágico de alta letalidad (virus Chapare).
AAC y gestión ambiental Notablemente débil y sin posibilidades de redireccionar el proceso, dada las decisión política de los máximos niveles de gobierno.


Gestión del Área Protegida-TCO
Bastante debilitada y sin capacidad de rebatir y de aplicar las normas


Imagen del gobierno
Mala, profundamente contra-dictoria, especialmente después de la Cumbre de los Pueblos, Cochabamba.

ESCENARIO 1
El peor escenario (CONSTRUCIÓN sin medidas de protección legal)


El camino es construido por decisión política, sin ningún tipo de justificación técnica, económica, social ni ambiental. Esta decisión y presión política obliga también a la otorgación de la licencia ambiental en plazos mínimos.

El trazo del camino se basa en optimizar costos buscando el trazo más corto, con la menor inversión posible y con la menor dificultad desde el punto de vista constructivo. Los criterios ambientales, biológicos, culturales, ecosistémicos, etc., no son relevantes en la definición del trazo.

No se respeta la posición del pueblo indígena propietario de la TCO, más bien se vulnera la organización y se ejecuta el camino en contra de su voluntad.
Se sustenta el camino en el respaldo social del sector cocalero y colonizador, de actores indígenas inducidos a la disidencia y de actores urbanos, promoviendose manifestaciones públicas de estos sectores para justificar la decisión ante la sociedad.
No se considera el régimen legal especial de áreas protegidas se pasa por alto el respeto a los objetivos de creación, la categoría de manejo y la zonificación del Parque Nacional.

Se sustenta el camino en el respaldo social del sector cocalero y colonizador, de actores indígenas inducidos a la disidencia y de actores urbanos, promoviendose manifestaciones públicas de estos sectores para justificar la decisión ante la sociedad.
No se considera el régimen legal especial de áreas protegidas se pasa por alto el respeto a los objetivos de creación, la categoría de manejo y la zonificación del Parque Nacional.


CONSECUENCIAS
La imagen del país es contradictoria, ya que por un lado se propugna el vivir bien, el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas y se busca un liderazgo mundial en el tema ambiental, principalmente a partir de la problemática del cambio climático, pero, por otro lado, se ejecutan proyectos que van totalmente en contra de estos principios y el discurso gubernamental.
Se favorecen los intereses de empresas transnacionales y los objetivos geopolíticos de otros países, por encima de los intereses nacionales y de la voluntad de las naciones indígenas sobre su territorio y propio modelo y concepción del desarrollo.
Se generan las condiciones adecuadas para el avance de la colonización en la TCO y el área protegida, incrementándose principalmente los cultivos de coca y las actividades ligadas a esta producción.Se generan las condiciones favorables para enfrentamientos sociales, principalmente entre indígenas y colonizadores, con consecuencias de muerte en ambos sectores, desplazamientos poblacionales, intevenciones policiales y/o militares, detención y persecución de líderes indígenas, etc.
Se sientan las bases para un acelerado etnocidio indígena considerando la vulneración de su identidad y territorio, el desplazamiento de sus áreas de ocupación tradicional, la limitación del acceso a los recursos naturales de su territorio necesarios para su supervivencia, la violación de sus espacios territoriales culturalmente importantes, la desarticulación de su organización, la violación de sus derechos humanos, etc.
Con la vulneración de los objetivos de creación, la categoría y la zonificación, se sientan las bases para una compleja gestión del área protegida en el marco de la conflictividad social, ingobernaza, inviabilidad de procesos ecológicos, afectación a áreas prioritarias de conservación, afectación a zonas núcleo o de protección estricta, afectación a los servicios ambientales que el área otorga, etc., con tendencias hacia una posible desafectación del área protegida o una modificación profunda de límites, objetivos, categoría y zonificación.

ESCENARIO 2
Escenario intermedio, con “blindaje legal”


Para la construcción del camino aún prevalece la decisión política, sin embargo, se trata de generar algunas justificaciones técnicas, sociales y ambientales y se favorece el cumplimiento del trámite de licencia ambiental con aparente rigurosidad.
El proceso de tramitación de licencia ambiental incluye procesos de consulta social a los pueblos indígenas, las mismas que están dirigidas, más que a respetar las decisiones del pueblo indígena, a construir acuerdos, en algunos casos forzados, ligados a ofertas de compensación o indeminización a favor de estos pueblos, y que al final busquen principalmente viabilizar la construcción del camino.
El trazo del camino aún prioriza optimizar costos, sin embargo, se abre la oportunidad de realizar ligeras modificaciones al trazo, sin que esto signifique alteraciones significativas a su diseño original. Esta apertura, permite evitar áreas de alta fragilidad ecosistémica (áreas de pendiente, cabeceras de cuencas, ojos de agua, cursos de agua, etc.), áreas culturalmente importantes para los pueblos (áreas sagradas, sitios arqueológicos, sitios históricos, etc.), áreas altamente prioritarias para la conservación de la biodiversidad (zonas de reproducción, salitrales, sitios de anidamiento, etc.).
Se promueve el debilitamiento de la posición indígena mediante el fortalecimiento de posiciones disidentes, la deslegitimación de sus dirigentes y decisiones por diversas razones, como la relación con instancias de cooperación, el incremento de posiciones favorables al camino provenientes de diferentes sectores y actores, e incluso la división de la propia organización indígena, entre sectores opositores al camino y sectores favorables al camino, lo cual pemrite generar escenarios más favorables de negociación que permitan viabilizar la construcción del camino a cambio de algunas medidas de prevención, mitigación o restauración de impactos, o, en su caso, mediante ofertas de compensación o indeminización favorables a los pueblos.
Se promueven acuerdos públicos con las dirigencias del sector cocalero y colonizador, que implican compromisos, aparentemente formales, de no ingreso al área de TCO y área protegida más allá de la línea roja, con lo cual se contraresta la visión del interés de apoyo a la expansión de este sector con la apertura del camino.
Estos acuerdos se divulgan ampliamente e incluso se incluyen a algunos representantes iconformes o disidentes del movimiento indígena en la firma de los mismos.
Se promueve la emisión de una Ley de Blindaje al área protegida y la TCO, que permite garantizar su conservación, medidas necesarias para mejorar su protección, incremento de recursos para su gestión (fondo fiduciario), instalación de mayor infraestructura (trancas, campamentos, puestos de control), incremento de personal (Guardaparques) y equipamiento (vehículos, equipo de comunicación, etc.) para el resguardo integral del área, con énfasis en la zona de construcción del camino. Sin embargo, se mantiene la vulneración a su zonificación, la cual debe ser ajustada para viabilizar el trazo del camino con ligeras modificaciones.

CONSECUENCIAS

La imagen del país aún es contradictoria, sin embargo, se construye un discurso con ciertos criterios técnicos, sociales, económicos y ambientales que tienden a justificar la obra, este discurso se fortalece con manifestaciones públicas de actores locales (incluso del sector indígena) que respaldan el proyecto.
Los acuerdos logrados con las dirigencias del sector indígena durante el proceso de tramitación de licencia ambiental y que prevéen acciones de prevención, mitigación y restauración de impactos, así como compromisos de compensaciones e indeminizaciones a favor de este sector, viabilizan las obras de construcción del camino, sin embargo, generan un escenario incierto sobre el nivel de cumplimiento de los mismos a la conclusión de las obras.
Las ligeras modificaciones logradas en el trazo del camino, si bien logran precautelar zonas de alta prioridad biológica, ecológica o cultural, aún favorecen los intereses económicos de las empresas y entidades financiadoras involucradas en el proyecto y los intereses geopolíticos de países vecinos.
El debilitamiento de la posición indígena y los acuerdos públicos con el sector de colonización, viabilizan el camino, sin embargo, pueden producirse eventos, inicialmente aislados pero con tendencia a incrementarse, de nuevos asentamientos, extracción maderera, incremento de cacería furtiva, incremento de cultivos de cocales, etc. que sobrepasen los acuerdos alcanzados con las dirigencias, asimismo, existe aún el riesgo de enfrentamientos aislados entre indígenas y colonos ante el incumplimiento de los acuerdos, el cuestionamiento a las propias dirigencias y el mantenimiento del rechazo por algunos sectores indígenas a cualquier tipo de negociación sobre la apertura del camino, a pesar de los acuerdos firmados con sus organizaciones representativas.
La norma legal puede generar condiciones aparentemente favorables para la gestión del área protegida, sin embargo, se abre un escenario incierto sobre la sostenibilidad de estos acuerdos luego de la conclusión del camino, tanto en la propia conservación del área, como en el cumplimiento de acuerdos de no avance más allá de la línea roja, del sector colonizador cocalero, de los madereros y de otros actores interesados en acceder a los recursos naturales del área.
A pesar de los esfuerzos por mejorar la percepción sobre el camino, la firma de acuerdos que viabilicen su construcción (principalmente sustentados en ofertas económicas a corto, mediano y largo plazo), la firma de compromisos de no afectación al territorio indígena y el área protegida, la definición de normas legales que respalden la conservación de la zona o la otorgación de algunas mejoras en las condiciones del SERNAP para la protección del área, no existe una garantía plena para que todas estas medidas coyunturales que permiten viabilizar las obras, sean sostenibles en el largo plazo y se pueda garantizar su continuidad a la conclusión del trabajo. Por lo que el riesgo de futuros efrentamientos entre actores, de posibles procesos de colonización espontánea, de extracción ilegal de los RRNN, de desplazamiento de comunidades, de afectación a los objetivos primarios de conservación del área protegia y de un lento y paulatino etnocidio indígena se mantienen vigentes en el mediano y largo plazo.


ESCENARIO 3
El mejor escenario (ideal u óptimo a mediano plazo)


Se suspende temporalmente la decisión política para la construcción del camino y se abre un espacio dirigido a un profundo debate técnico, social, cultural, económico y ambiental sobre la importancia y viabilidad del camino en el marco del interés nacional, del paradigma del vivir bien, del respeto a los derechos de los pueblos indígenas dueños del territorio y del respeto a los derechos de la madre tierra.

El trazo del camino y el costo del mismo no es un tema de relevancia, ya que es desplazado por un debate sobre la importancia de la territorialidad para la identidad y desarrollo de los pueblos indígenas, la importancia de la conservación del medio ambiente y de los valores de la biodiversidad de un área protegida de relevancia nacional, la importancia de los bienes y servicios ambientales y ecosistémicos que el área brinda, las opciones de desarrollo desde la visión propia de los pueblos indígenas propietarios del territorio, las prioridades nacionales en compatibilidad con el paradigma del vivir bien, el discursos gubernamental de defensa de los derechos de la madre tierra, el liderazgo mundial del país en el tema de cambio climático, la importancia de la vertebración caminera para el desarrollo integral nacional, etc.
La posición del pueblo indígena, desde sus representaciones y organizaciones legítimas es determinante para la toma de decisiones públicas, precautelando el respeto a sus derechos, propia visión de desarrollo, estructura orgánica, tenencia legal del territorio, etc.. Su participación es privilegiada en todos los espacios de discusión y decisión sobre el tema, proporcionando un sólido apoyo gubernamental y no gubernamental mediante la provisión oportuna y suficiente de información, el apoyo operativo para la reflexión y decisión interna, el apoyo técnico para el análisis, consideración y desarrollo de propuestas de alternativas de desarrollo local y regional, etc.
El sector cocalero limita su participación a la discusión de alternativas de vinculación a sus áreas de ocupación actual, a la mejora de sus condiciones propias de vida, pero no participa ni incide en las decisiones sobre la apertura o no del camino a través de un territorio indígena titulado. Se ratifica la línea roja.
El SERNAP como entidad técnica responsable de la coordinación del SNAP y de la gestión integral de las áreas protegidas de interés nacional es un actor relevante en el tratamiento del tema, proporcionando información y alternativas que garanticen el resguardo del área protegida, principalmente en lo referente al cumplimiento de los objetivos de conservación, al respeto de su categoría y el respeto de su zonificación.


CONSECUENCIAS
La imagen del país es coherente entre el discurso y las actuaciones en terreno. El país aprovecha este proyecto como una verdadera oportunidad para demostrar que es totalmente posible impulsar un modelo de desarrollo nacional dirigido al vivir bien, que respeta plenamente los derechos de los pueblos indígenas, que prioriza el interés nacional por sobre el interés transnacional y geopolítico externo y que precautela, por sobre todo, los derechos de la madre tierra.
Las decisiones nacionales se fundamentan en el interés y prioridad nacional, en alternativas de desarrollo coherentes con el paradigama del vivir bien, coherentes con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y con los derechos de la madre tierra, son compatibles con las decisiones vinculantes de la Confederación Mundial sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra y no son afectadas por presiones provenientes del interés de empresas y financieras transnacionales que ven el tema como un buen negocio, o del interés geopolítico de países vecinos que ven nuestro territorio como área de paso de sus productos.
Una posible decisión sobre la construcción del camino pone como principal criterio el respeto al territorio y dignidad de los pueblos indígenas, entendiendo el territorio como el principal elemento de identidad, desarrollo y supervivencia de estos pueblos, y el elemento necesario para garantizar su existencia a perpetuidad. Por lo cual, un elemento sagrado e imprescindible para toda decisión que lo afecte de manera significativa, más allá de las posibles compensaciones o indeminizaciones económicas que pudieran brindarse ante cualqueir afectación a su espacio de vida.

El país prioriza acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de las comunidades colonizadoras con alternativas como la mejora de su vinculación a centros de consumo y mercado o la mejora de las condiciones de vinculación interna. El posible interés de mayores áreas de ocupación o de acceso a RRNN, no son elementos que merezcan consideración al momento de tomar las decisiones sobre afectación a territorios indígenas o áreas protegidas.
Se sientan las bases para un nuevo escenario de desarrollo, que promueva proyectos de inversión coherentes con el paradigma del vivir bien y como elementos para la construcción de un modelo de desarrollo coherente con el discurso ambiental del Gobierno, que considera a las área protegidas como elementos relevantes de este modelo, sobre todo en el marco de las funciones constitucionales que ellas deben brindar y en el marco de la gestión compartida con los actores con derechos territoriales existentes en ellas.


 

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